El Ministerio Público solicitó al Tribunal Superior de Bogotá tumbar la sentencia que mantiene al expresidente en detención domiciliaria, argumentando fallas en la valoración de pruebas y testimonios.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena que impuso 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En un documento de 81 páginas, firmado por el procurador delegado Bladimir Cuadro, el organismo asegura que el fallo de primera instancia, proferido por la jueza Sandra Liliana Heredia, presenta errores sustanciales en la apreciación de las pruebas que afectan la validez del proceso.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, las cuales, según la Procuraduría, debieron ser excluidas por estar protegidas por el secreto profesional.

El Ministerio Público también señala vacíos e inconsistencias en la valoración de los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Sobre Vélez, la Fiscalía sostiene que recibió dinero como parte de un soborno, mientras que la defensa afirma que el expresidente desconocía esos pagos, que Cadena habría calificado como “aportes humanitarios”.

La defensa de Uribe, encabezada por el penalista Jaime Granados, tiene plazo hasta el 13 de agosto para sustentar la apelación. Los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo serán los encargados de decidir si confirman o anulan la condena.

En su pronunciamiento, la Procuraduría concluyó que los errores detectados en la valoración probatoria debieron llevar a una absolución, al no quedar acreditada la responsabilidad penal del exmandatario en los hechos imputados.