El grupo, considerado como una de las principales amenazas criminales del Caribe colombiano, plantea un acercamiento con el Gobierno para buscar una “paz estable y duradera”.

En un video difundido este martes, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra —una de las estructuras armadas más temidas del Caribe— anunciaron que suspenderán durante tres meses el cobro de extorsiones en Santa Marta y varios municipios del Magdalena. 

Se trata de un anuncio inesperado que pone en pausa, al menos temporalmente, la presión económica que han ejercido durante años sobre comerciantes, empresarios y ganaderos.

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“Desde el 23 de julio hasta el 23 de octubre de 2025 no se cobrará ningún tipo de impuesto a la actividad comercial en esta región”, dice el vocero encapuchado en el video, en el que también advierten que buscarán abrir un canal de diálogo con el Gobierno nacional.

El grupo paramilitar justificó esta decisión como un intento por explorar salidas negociadas al conflicto. “Exploraremos con el gobierno nacional las alternativas logísticas, sociales y jurídicas para avanzar en la búsqueda de una paz estable y duradera a partir de la inversión social y las necesidades básicas de las comunidades”, señalaron.

La extorsión ha sido una de las principales fuentes de financiación del grupo. Según organismos de inteligencia, los pagos ilegales exigidos van desde pequeñas cuotas mensuales a tiendas de barrio hasta cifras millonarias exigidas a grandes negocios. Algunos comerciantes, con miedo, lo llamaban “el impuesto por seguir trabajando”.

Una tregua que genera expectativas

Aunque el anuncio ha sido recibido con alivio por muchas víctimas silenciosas del “gota a gota” de las extorsiones, también ha despertado incertidumbre.

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“Ya uno no sabe a qué atenerse. Hoy dicen que paran, pero mañana quién responde si alguien llega a cobrar con amenazas. Aquí no hay garantías de nada”, dijo un comerciante del mercado público que pidió mantener su nombre en reserva.

El contexto de una guerra silenciosa

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra se presentan como herederas del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero en realidad se comportan como una estructura armada con dominio territorial, conexiones con narcotráfico y una red de cobros ilegales que mantienen bajo zozobra a miles de ciudadanos.

Su anuncio ocurre en medio de un contexto nacional en el que el Gobierno ha planteado avanzar en la “paz total”, una política que busca desactivar el conflicto armado mediante acercamientos con distintos actores ilegales. Este cese extorsivo podría interpretarse como una nueva señal de interés, aunque no hay pronunciamiento oficial hasta el momento.

Lo que está claro es que la declaración de este grupo armado no puede tomarse a la ligera. Hablan de “invertir en las necesidades básicas de las comunidades” y de explorar fórmulas jurídicas.

Por ahora, entre el miedo y la esperanza, Santa Marta y el Magdalena vivirán los próximos tres meses en una especie de limbo: sin extorsiones —al menos en el discurso— pero con la sombra latente de una estructura que no ha dejado las armas ni el control.