La reciente captura de dos altos mandos por la liberación de un sicario reabre una larga lista de denuncias y hechos irregulares que, según la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, demuestran un patrón de impunidad, corrupción y negligencia institucional que se arrastra desde 2012.

No fue un hecho aislado ni una sorpresa. Así lo sostiene la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, quien volvió a encender las alarmas tras la captura del mayor Diego Sepúlveda y el capitán James Medina Vega, director y subdirector de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Ambos son señalados de haber facilitado la liberación de alias ‘Sombra’, un sicario con más de 35 homicidios en su prontuario.

Para Vera, lo ocurrido el pasado 8 de junio no es una coincidencia: es la expresión más reciente de un patrón que ha marcado a la institución desde su creación.

Desde el 4 de agosto de 2012, cuando fue oficialmente conformada la Policía Metropolitana de Santa Marta, los escándalos han sido recurrentes.

En 13 años ha tenido más de cinco comandantes, lo que, según la defensora, ha impedido consolidar una política de seguridad seria, coordinada y sostenida. Asegura que la falta de continuidad ha abierto las puertas a la improvisación, la impunidad y la corrupción.

Los casos de corrupción

En 2015, desaparecieron 243 armas de los depósitos de la institución. El entonces director de la SIJÍN fue destituido y señaló directamente a la comandante Sandra Vallejo por omitir intencionalmente la investigación. Ese mismo año, una subteniente denunció acoso sexual por parte de un coronel. La denuncia no fue tramitada por Vallejo, quien desestimó el hecho con una frase escalofriante: “Eso pasa en cualquier trabajo”. En 2022, ese mismo coronel fue capturado por acceso carnal violento.

Pero los hechos no terminan ahí. Recuerda Norma Vera que en 2020, un video de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra denunció presuntos vínculos entre miembros de la Policía y el robo de armas ocurrido en 2015. Nuevamente, el nombre de Sandra Vallejo volvió a aparecer en medio de graves señalamientos. Ese mismo año, se habló de una presunta negociación entre ella —entonces secretaria de Seguridad— y grupos armados ilegales para maquillar las cifras delictivas y desviar la atención del robo de armas.

También hizo referencia que en 2021, comerciantes denunciaron cobros irregulares y presuntas extorsiones por parte de policías. Vera asegura haber alertado sobre exigencias de información financiera a los empresarios, un hecho que alimenta la hipótesis de una red de extorsión desde dentro de la misma institución.

A lo anterior se suma la pérdida de armamento institucional: el 27 de marzo de 2021 fueron despojados de sus armas los policías de la estación de Pozos Colorados, y el 26 de junio de 2024 se reportó la “desaparición” de tres fusiles y sus proveedores en la estación de Minca. Más recientemente, el 11 de enero de 2023, un comerciante de Ciénaga denunció que le exigieron llantas, dinero e incluso recursos para cubrir los gastos personales de una oficial, incluyendo su arreglo de uñas.

Ante este panorama, Vera Salazar no solo pide explicaciones, exige transformación. Asegura que la Policía Metropolitana debe asumir el rol que su nombre implica: operar como una unidad con capacidad real de articulación estratégica con los municipios vecinos —Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo— y con las fuerzas especializadas.