Padrastro de rectora del colegio IDPHU se pronunció: Le pide que pague el arriendo que adeuda 

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En los pasillos del IDPHU Bilingüe en Santa Marta, se respira una atmósfera cargada de incertidumbre. 

El colegio, reconocido por su excelencia académica y su enfoque bilingüe, está siendo amenazado por un conflicto familiar que podría afectar su normal funcionamiento.

Uno de los protagonistas de esta historia es Federico Bornacelly Llanos, una figura cuya conexión con la institución va más allá de lo académico. Como ex esposo de la fallecida rectora y padrastro de la actual directora, tiene una influencia en el colegio. 

Sin embargo, es precisamente esta relación familiar la que ha desencadenado una serie de problemas legales que podrían poner en riesgo la estabilidad del IDPHU Bilingüe. El meollo del conflicto radica en el pago del arriendo del terreno donde se encuentra el colegio. 

Según Bornacelly, los propietarios del inmueble solicitaron un reajuste en el canon de arrendamiento, lo que desencadenó un proceso legal que terminó desfavorablemente para él. 

Ante esta situación, el ex esposo de la rectora solicitó a su hijastra, la actual directora, que asumiera la responsabilidad del pago y firmara un nuevo contrato de arrendamiento. No obstante, su petición fue rechazada, lo que desencadenó una serie de embargos y demandas que han sumido al señor Bornacelly en una situación financiera precaria.

En un comunicado dirigido a la comunidad samaria, Bornacelly expresó su frustración y su incapacidad para hacer frente a las sumas de dinero reclamadas, argumentando que no recibe ningún beneficio del colegio y, por lo tanto, no debería ser responsable de su sostenimiento económico.

Este conflicto familiar ha dividido opiniones en la comunidad educativa de Santa Marta. Algunos apoyan las demandas del señor Bornacelly, otros critican su actitud y lo acusan de poner en peligro el futuro del colegio por intereses personales.

Mientras tanto, el IDPHU Bilingüe se encuentra en el medio de esta disputa entre los dos familiares. 

La amenaza de desalojo mantiene preocupados a los padres de cientos de estudiantes que pagan altas mensualidades. 

El colegio publicó un comunicado de prensa enviando un parte de tranquilidad a la comunidad educativa; no obstante, el lío legal sigue su curso y podría afectar el funcionamiento de la institución.