El órgano de control sostiene que el exfuncionario habría tramitado un documento fraudulento para permitir la salida de un interno, a cambio de 15 millones de pesos.

El 13 de diciembre de 2023, la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta fue escenario de un escándalo que dejó en evidencias las fallas y corrupción dentro del penal. Aquel día, Farid Andrés Zúñiga Ramos, procesado por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, abandonó las instalaciones sin que un juez lo hubiera ordenado.

Su pase a la libertad no fue un error administrativo ni una casualidad: una boleta de salida falsa le permitió cruzar las puertas del penal sin resistencia.

La historia de esta fuga, que parecía sacada de un guion cinematográfico, pronto empezó a derrumbarse. Apenas unas horas después, las sospechas dentro del penal encendieron las alarmas y la red de complicidad comenzó a desenredarse.

En el centro de las acusaciones quedó Javier Redondo Herrera, exasesor jurídico del centro penitenciario, señalado como el responsable de haber tramitado el documento fraudulento que facilitó la salida del recluso.

15 millones por la libertad

Según las investigaciones, Zúñiga Ramos no escapó solo con astucia, sino con una suma de dinero que estimuló la corrupción en el centro reclusorio. Se estima que pagó ente 15 y 20 millones de pesos para que su expediente fuera adulterado y su libertad fuera gestionada sin obstáculos.

La Procuraduría, al conocer los hechos, formuló pliego de cargos contra Redondo Herrera y otros dos exfuncionarios, argumentando que había pruebas suficientes para demostrar que la liberación de Zúñiga Ramos fue una maniobra ilícita.

Documentos manipulados, trámites que nunca llegaron al correo oficial del penal y una firma judicial alterada forman parte del rompecabezas que puso al descubierto la fragilidad del sistema de control dentro de esta cárcel.

El sindicato y el pronunciamiento oficial

El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios en ese entonces no tardó en reaccionar. A través de un comunicado, acusó directamente a Redondo Herrera y calificó el hecho como “una violación a los principios éticos y legales que rigen el comportamiento de los funcionarios penitenciarios”.

El texto, con un tono de indignación, también dejó en claro el rechazo de los trabajadores del penal hacia cualquier acto de corrupción, alegando que este tipo de situaciones afectan la confianza en la institución y ponen en riesgo la seguridad del centro de reclusión.

El exasesor se defendió

Mientras la presión aumentaba, Javier Redondo Herrera intentó deslindarse de las acusaciones. Afirmó que su rol dentro del penal se limitaba a supervisar las tareas de otros funcionarios y que, por lo tanto, no tenía la autoridad para validar la liberación de un recluso. También sugirió que las acusaciones en su contra eran parte de una estrategia de otros colegas para desviar la atención de investigaciones disciplinarias pendientes.

“Estoy dispuesto a presentarme ante cualquier citación que ayude a esclarecer los hechos”, aseguró Redondo Herrera, aunque las pruebas en su contra parecían consolidar la teoría de su participación en la falsificación de documentos.

El regreso de Zúñiga Ramos

A medida que la polémica crecía, el protagonista de la fuga sorprendió a todos con un giro inesperado: se presentó voluntariamente en la cárcel Rodrigo de Bastidas. Su regreso, lejos de disipar las dudas, dejó más interrogantes que respuestas. ¿Fue su entrega una estrategia para suavizar las consecuencias de su escape? ¿O acaso temía por su vida fuera de prisión?