Tras mesa técnica liderada por la Gobernación del Magdalena, de manera transitoria, se retirará cámara de fotodetección multifuncional ubicada en Río Frío, Zona Bananera.
La medida atiende una solicitud de los transportadores quienes indican que para el punto de detección debe aumentarse la velocidad establecida, y que su ubicación debería cambiarse, al tiempo que piden que el elemento tecnológico sea calibrado con periodicidad.
La gobernación del Magdalena sirvió de garante para que los transportadores de la Troncal de Oriente fueran escuchados por las Secretarías e Institutos de Tránsito de los municipios de Aracataca, Fundación y Zona Bananera, municipios a los que les compete el manejo de ocho puntos de fotodetección ubicados sobre el corredor vial, los cuales han sido cuestionados por este gremio que en las últimas 24 horas bloqueó el paso por esta arteria vial.
Por instrucción del gobernador Rafael Martínez, el secretario del Interior, Damián Marañón; en compañía del jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte del departamento, Aníbal Palmera; y otros funcionarios, lograron que los manifestantes cedieran y se levantara la protesta, abriendo un espacio de diálogo y concertación para analizar la actual situación este lunes en las instalaciones de la Gobernación, al tiempo que queda instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para prevenir nuevos bloqueos.
Como conclusión de estos diálogos, será retirada la cámara fotodetección ubicada en el puente del corregimiento de Río Frío (Ruta 4518 PR 85+600) por un término de 15 días, tiempo en el cual se realizarán mesas técnicas, donde participarán los voceros de los transportadores, los Secretarios y/o directores de Tránsito de Zona Bananera, Aracataca y Fundación, y como entidades garantes del cumplimiento de los compromisos, la Procuraduría, la Oficina de Tránsito y Transporte del Departamento, la Secretaría del Interior del Magdalena y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía.
Desde la Gobernación del Magdalena se dijo que establecieron un mecanismo de acompañamiento para atender esta problemática que, además de ser el reclamo de una ciudadanía que siente vulnerado sus derechos, también es una amenaza para la producción y la competitividad del país.
