La mayoría de feminicidios en el departamento ocurren tras ciclos de violencia ignorados por las autoridades. El sistema las revictimiza, las abandona, y solo se activa cuando sus cuerpos aparecen sin vida.

En lo que va del 2025, doce mujeres han sido asesinadas en este departamento, víctimas de feminicidios que, más allá de las estadísticas, revelan historias truncadas, cuerpos expuestos con sevicia, y un sistema que no supo —o no quiso— protegerlas.

Santa Marta, Ciénaga, El Banco y Zona Bananera figuran entre los municipios con mayor violencia estructural contra la mujer. En la capital, la violencia de género es un fenómeno cotidiano, casi normalizado.

Aquí, la muerte no suele ser el primer acto: antes vienen los insultos, los golpes, las amenazas de muerte, los intentos de asesinato, las violaciones. Todo dentro de una espiral de impunidad que deja a las mujeres solas, atrapadas y desprotegidas.

Este año, en Aracataca, un hombre asfixió a su esposa, metió su cuerpo en una bolsa plástica y la arrojó en una trocha. Luego, como si nada, caminaba por el pueblo, indiferente al crimen brutal que acababa de cometer.

Apenas este domingo, una mujer que vendía chorizos en una esquina del mercado público murió acuchillada por su pareja. ¿El motivo? Se negó a darle dinero. Fue atacada frente a vecinos que aún no superan el espanto. Historias como estas, que se repiten una y otra vez, no solo duelen: condenan.

“El sistema solo parece reaccionar cuando una mujer ya está muerta”, denuncia Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos. Ella no habla desde la teoría, sino desde la experiencia de acompañar casos en los que las rutas de protección se activan tarde, o nunca. “Ferias, campañas o publicaciones en redes sociales no bastan. Necesitamos una intervención estructural desde la educación, la cultura, los hogares”, afirma con firmeza.

La impunidad es el telón de fondo. Señala Norma Vera que más del 90% de los casos de violencia intrafamiliar no llegan a condena. Las tentativas de feminicidio, aunque algunas derivan en sentencias, no detienen a los agresores reincidentes. Las amenazas de muerte quedan en el aire, y los casos de abuso sexual, según cifras extraoficiales, tienen más del 75% de impunidad.

El sistema judicial y el de salud no están preparados. Las víctimas deben comenzar su ruta por medicina general, donde muchas veces son atendidas por personal sin formación en violencia de género. Así, revictimizadas, abandonan el proceso. El acompañamiento psicológico especializado es un lujo para unas pocas; la defensa jurídica efectiva, una excepción reservada a quienes logran llamar la atención mediática.

Y mientras tanto, las mujeres siguen muriendo.

Cada feminicidio en Magdalena es una señal de alerta que nadie escucha. Son muertes anunciadas, muchas veces denunciadas con anterioridad, pero ignoradas.

“La vida de las mujeres se debate entre sobrevivir al agresor y sobrevivir al Estado que las deja solas”, sostiene Norma Vera.

La defensora de derechos humanos sostiene que la violencia de género en este territorio no es una cadena de hechos aislados: es una estructura sostenida por el machismo, la indiferencia y la falta de voluntad política.

“En Magdalena, ser mujer no debería ser una sentencia. Pero hoy, tristemente, lo es”, puntualiza.